El hambre y los intereses

El hambre no es un negocio que a veces sale bien y otras sale mal. Es la violación de un derecho, del Derecho a la Alimentación.

El próximo 16 de octubre llegamos a una de esas fechas señaladas desde las Naciones Unidas –el día Mundial de la Alimentación– que este año se presenta con un dato, mejor dicho, con una bofetada escandalosa: 1.020 millones de personas en el mundo sufren hambre y desnutrición. Más que nunca. Coincidiendo con la fecha aparecerán nuevos informes acompañados de recomendaciones y algunas promesas. “Oficialmente” se explicará el incremento de la cifra en 100 millones por la crisis financiera que hizo bajar las donaciones a los países más necesitados y por las condiciones climáticas cada vez más duras. Otros estamentos irán más allá y añadirán que estos niveles de pobreza tan graves son consecuencia de una falta de voluntad política, de un desentenderse de la situación. Pero no, digo yo que no, que todo lo contrario, que es claramente una realidad provocada por una voluntad política de mantener un mundo por encima de otro. De sostener un mundo aplastando los recursos de otros. Ahí están, como novedad en los análisis de este año, la especulación con los precios de los alimentos y la adquisición de tierras de cultivos alimenticios para otros usos, dos atropellos que argumentan mi postura.

La crisis alimentaria iniciada en 2007 pareció despertar la preocupación de los estamentos internacionales y algunas iniciativas para afrontar la gobernanza de la alimentación y la agricultura a nivel global han aparecido en escena. Existe consenso en cuanto a la ineficacia de los mecanismos institucionales actuales, pero no respecto a cómo solventarla. Durante estos días se debate sobre las supuestas soluciones. Por un lado tenemos la propuesta del G-8 de crear una nueva “Alianza Global sobre la Agricultura, la Seguridad Alimentaria y la Nutrición”, mientras que algunos gobiernos y colectivos de la sociedad civil abogan por la renovación y el fortalecimiento del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO (la Agencia de la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas). No es una discusión baladí. Los defensores de las políticas económicas neoliberales defienden un espacio de coordinación donde se otorgue poder de decisión, además de a los gobiernos, al sector privado y a las instituciones financieras internacionales, es decir, a la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Encontrar en la mesa de coordinación a representantes de empresas como Monsanto o Nestlé –por nombrar un par– junto con los actores que han contribuido a la desregularización de la agricultura, no es desde luego aceptable para muchos gobiernos del Sur, que reclaman un papel de liderazgo para la FAO, una institución del sistema de Naciones Unidas, donde cada país tiene un voto de igual valor.

Más allá del espacio de gobernanza, es clave conocer la estrategia a implementar y, otra vez, creo, deberíamos mirar hacia Ginebra –sede de las Naciones Unidas–, desarrollando políticas desde la perspectiva de los derechos humanos y no hacia Washington –sede del Banco Mundial, por ejemplo–, insistiendo en políticas neoliberales. El hambre no es un negocio que a veces sale bien y otras sale mal. Es la violación de un derecho, del Derecho a la Alimentación. Como tal se recoge en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y se desarrolla en el artículo 11 de la Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tomar como eje de acción el Derecho a la Alimentación es aceptar que los pueblos y sus poblaciones deben tener acceso permanente a la alimentación. Derecho a alimentarse, es decir, a producir sus alimentos accediendo a los recursos que los hacen posible: tierra, agua y semillas. Si se acepta este enfoque, los estados tienen entonces la obligación de “respetar, proteger y garantizar” el Derecho a la Alimentación desde sus responsabilidades territoriales y extraterritoriales.

Y también supondría un despliegue legislativo que defendiera a tantas personas de la vulneración de su derecho a alimentarse. Al respecto quisiera citar dos ejemplos que ha documentado el Observatorio del Derecho a la Alimentación y la Nutrición. El primero es el caso de la India, que, a pesar de un incremento significativo del PIB, presenta tendencias de aumento de la pobreza. El Gobierno de la India ha promovido el cultivo de agrocombustibles para reducir su dependencia energética y –dicen– incrementar puestos de trabajo agrícolas. Si el Gobierno hubiera seguido las directrices del Derecho a la Alimentación como prioridad frente a intereses de grandes corporaciones como Daimler Chrysler, no se hubieran generado los impactos provocados sobre las poblaciones campesinas locales: sustitución de cultivos de subsistencia, escasez de agua por la alta demanda de los cultivos energéticos, destrucción de tierras y bosques dedicadas al pastoreo y más dificultades para acceder a la madera como combustible.

El segundo ejemplo es el caso de Zambia, donde las producciones de miel y leche generan alimentos, ingresos y empleos a muchas familias, pero su Derecho a la Alimentación se ve vulnerado esta vez por los acuerdos comerciales entre Zambia y la Unión Europea, que llevarán a competir a los productores locales con las grandes corporaciones europeas, fuertemente subsidiadas.

Decía al principio que el hambre no es sólo un problema de negligencia, sino una cadena de intereses a favor de unos pocos. Contra esos intereses debe centrarse cualquier estrategia de lucha contra el hambre. El enfoque desde los derechos ha avanzado en los últimos años. Desde la sociedad civil se elaboraron las Directrices Voluntarias para la Realización del Derecho a la Alimentación que fueron aprobadas en noviembre de 2004 por el Consejo de la FAO. Ahora faltaría que dejaran de ser voluntarias.

Gustavo Duch es ex director de Veterinarios sin Fronteras y colaborador de la Universidad Rural Paulo Freire

http://gustavoduch.wordpress.com/

Fuente: Público

¿Qué ha sido de los Objetivos de Desarrollo del Milenio?

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2. Lograr la enseñanza primaria universal.
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
4. Reducir la mortalidad infantil.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el sida, el paludismo y otras enfermedades.
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
8. Fomentar una asociación mundial.

He ahí los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (a partir de aquí ODM) que en la llamada Declaración del Milenio del año 2000 se comprometieron a alcanzar, para el año 2015, los 189 países integrantes, por aquel entonces, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Transcurridos nueve años, casi las dos terceras partes del tiempo fijado para la consecución de esos objetivos, ¿cuál es el balance? ¿Hay avances, estancamiento, retroceso?

No puede negarse que durante algunos años, hasta la crisis financiera, económica y social de 2007-08, se produjeron algunos progresos -en la reducción del número de los extremadamente pobres y hambrientos, en enseñanza primaria universal, en la disminución de la mortalidad infantil-, pero estos progresos modestos e insuficientes, de los que casi siempre habría que excluir, desgraciadamente, al África subsahariana, no tuvieron lugar ni siquiera en los años de crecimiento económico general, en los capítulos de la igualdad entre los géneros y el mejoramiento de la salud materna, que afecta sobre todo a la situación de las mujeres en los países en desarrollo, en la escandalosa incidencia del sida en la región más pobre del globo, el África subsahariana, en la auténtica sostenibilidad del planeta o en el fomento de una asociación internacional para el desarrollo en un mundo en el que la economía se regía por los intereses de un pequeño número de países desarrollados integrados en el club exclusivo del G-7.

Pero es que además ahora, tras la quiebra del modelo de crecimiento neoliberal, cuando mayor es el impacto social de la recesión económica mundial en los países en desarrollo, los avances logrados en el terreno de la reducción de la pobreza extrema y el hambre, o en enseñanza primaria infantil, o en la disminución de la mortalidad de los niños menores de cinco años, se están malogrando. Como señala la organización Intermón-Oxfam, en el contexto de la crisis, cada minuto 100 personas caen en la pobreza; el número de los hambrientos, según la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), alcanza la cifra nunca igualada de 1.020 millones de personas, casi la sexta parte de la humanidad o como ha denunciado el director de la Campaña del Milenio Salil Shetty : ” Van a morir 400.000 niños más por efecto de la crisis”.

Ante este panorama no es extraño que en su informe de 2009 la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) se haya visto obligada a reconocer que la crisis financiera, que comenzó en Estados Unidos y terminó afectando a los países en desarrollo, ha recrudecido la pobreza de tal modo que será prácticamente imposible cumplir los ODM de la ONU fijados para el año 2015.

En consecuencia, si ya antes de la Gran Recesión los resultados conseguidos eran casi siempre insuficientes e incluso decepcionantes, ahora en el marco de la crisis el retroceso es inapelable, cabe preguntarse, ¿qué es lo que ha fallado?

En mi opinión la respuesta es clara: la voluntad política. Ha fallado la determinación de los gobiernos, sobre todo de los países más enriquecidos del mundo, de luchar decididamente por la consecución de los ODM. Los gobiernos y, especialmente, los del G-7, ninguno de los cuales dedica siquiera el 0,7% de su Producto Nacional Bruto ( PNB ) para ayuda oficial al desarrollo de los países empobrecidos, hicieron dejación de sus responsabilidades, permitiendo que la distopía neoliberal de un desarrollo del Sur basado solo en la globalización de los mercados y la libertad comercial, sustituyera a la indispensable ayuda económica, tecnológica, etcétera, sin la que el mundo más empobrecido dificilmente podrá salir de su situación.

Quedan solo seis años para llegar a la fecha límite de 2015. Por supuesto que después de esa fecha la lucha por la consecución de un orden económico y social internacional más justo proseguirá, pero la cuestión ahora es si todavía estamos a tiempo de lograr avances significativos en el contexto de la crisis que nos aflige.

La respuesta es incierta. Al G-7, que impuso al mundo su voluntad durante décadas, le ha sucedido el G-20 que pretende erigirse en máxima instancia económica mundial. Así es que hay que preguntarse, ¿qué se puede esperar del G-20 en relación al urgente logro de los ODM de la ONU?

En mi opinión más bien poco. Los llamados países emergentes -Brasil, Rusia, India, China (BRIC) y otros-, tendrán bastante con evitar una recaída de una parte de sus poblaciones en el pozo de la pobreza y el hambre y en cuanto a los países enriquecidos del antiguo G-7 usarán la crisis como motivo-pretexto para no aumentar la ayuda oficial al desarrollo.

Prueba de lo que digo es la reciente Declaración final del G-20 tras la cumbre de Pittsburgh, donde si bien el párrafo 37 de las Conclusiones del documento menciona los ODM, no avanza ninguna propuesta concreta para hacer viable el logro de esos objetivos.

En fin, parece evidente que hoy en el contexto de la crisis, que puede prolongarse varios años, la solución de los problemas de la pobreza, el hambre, etcétera, a los que tratan de dar respuesta los ODM, no puede desligarse de la realidad global de la situación. Por eso el marco apropiado para afrontar la crisis y tratar de cumplir los ODM no es el de las 20 economías del G-20, sino el de las 192 economías del G-192, la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ella, que alumbró la idea y el compromiso de los ODM, a pesar del boicot y la presión política ejercida por los países más enriquecidos y poderosos, tuvo lugar en junio de este año, la ” Conferencia sobre la crisis financiera y económica y su impacto sobre el desarrollo”. Su Documento final alude nada menos que en nueve ocasiones a los ODM -párrafos 3, 4 (dos veces),10, 11, 18, 21, 23 y 28-. En este último, además, les recuerda a muchos países desarrollados el compromiso asumido de destinar al menos el 0,5% del PNB en 2010 y el 0,7% del PNB en 2015 en concepto de asistencia oficial al desarrollo de los países en desarrollo y concretamente entre el 0,15% y el 0,20% al desarrollo de los países menos adelantados.

Sólo ese marco ofrece pues alguna esperanza de que los estados del mundo alcancen una asociación global capaz de poner fin al espectáculo intolerable de la pobreza y el hambre de tantos y tantos millones de personas en el planeta.

Por su parte a la sociedad civil mundial que en todos los países organizada en redes de asociaciones, ONG’s, etcétera, lucha por un mundo más justo, le queda el recurso de seguir movilizándose y presionando con propuestas acerca del 0,7% y más del PNB, la anulación de la deuda eterna de los países más empobrecidos,el establecimiento de impuestos solidarios mundiales, tipo tasa Tobin y la supresión de los paraísos fiscales, como medios para financiar y resolver los problemas de pobreza, hambre, enseñanza, sanidad, etcétera, comprometidos por la ONU en la solemne Declaración del Milenio de septiembre de 2000.

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2. Lograr la enseñanza primaria universal.
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
4. Reducir la mortalidad infantil.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el sida, el paludismo y otras enfermedades.
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
8. Fomentar una asociación mundial.

He ahí los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (a partir de aquí ODM) que en la llamada Declaración del Milenio del año 2000 se comprometieron a alcanzar, para el año 2015, los 189 países integrantes, por aquel entonces, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Transcurridos nueve años, casi las dos terceras partes del tiempo fijado para la consecución de esos objetivos, ¿cuál es el balance? ¿Hay avances, estancamiento, retroceso?

No puede negarse que durante algunos años, hasta la crisis financiera, económica y social de 2007-08, se produjeron algunos progresos -en la reducción del número de los extremadamente pobres y hambrientos, en enseñanza primaria universal, en la disminución de la mortalidad infantil-, pero estos progresos modestos e insuficientes, de los que casi siempre habría que excluir, desgraciadamente, al África subsahariana, no tuvieron lugar ni siquiera en los años de crecimiento económico general, en los capítulos de la igualdad entre los géneros y el mejoramiento de la salud materna, que afecta sobre todo a la situación de las mujeres en los países en desarrollo, en la escandalosa incidencia del sida en la región más pobre del globo, el África subsahariana, en la auténtica sostenibilidad del planeta o en el fomento de una asociación internacional para el desarrollo en un mundo en el que la economía se regía por los intereses de un pequeño número de países desarrollados integrados en el club exclusivo del G-7.

Pero es que además ahora, tras la quiebra del modelo de crecimiento neoliberal, cuando mayor es el impacto social de la recesión económica mundial en los países en desarrollo, los avances logrados en el terreno de la reducción de la pobreza extrema y el hambre, o en enseñanza primaria infantil, o en la disminución de la mortalidad de los niños menores de cinco años, se están malogrando. Como señala la organización Intermón-Oxfam, en el contexto de la crisis, cada minuto 100 personas caen en la pobreza; el número de los hambrientos, según la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), alcanza la cifra nunca igualada de 1.020 millones de personas, casi la sexta parte de la humanidad o como ha denunciado el director de la Campaña del Milenio Salil Shetty : ” Van a morir 400.000 niños más por efecto de la crisis”.

Ante este panorama no es extraño que en su informe de 2009 la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) se haya visto obligada a reconocer que la crisis financiera, que comenzó en Estados Unidos y terminó afectando a los países en desarrollo, ha recrudecido la pobreza de tal modo que será prácticamente imposible cumplir los ODM de la ONU fijados para el año 2015.

En consecuencia, si ya antes de la Gran Recesión los resultados conseguidos eran casi siempre insuficientes e incluso decepcionantes, ahora en el marco de la crisis el retroceso es inapelable, cabe preguntarse, ¿qué es lo que ha fallado?

En mi opinión la respuesta es clara: la voluntad política. Ha fallado la determinación de los gobiernos, sobre todo de los países más enriquecidos del mundo, de luchar decididamente por la consecución de los ODM. Los gobiernos y, especialmente, los del G-7, ninguno de los cuales dedica siquiera el 0,7% de su Producto Nacional Bruto ( PNB ) para ayuda oficial al desarrollo de los países empobrecidos, hicieron dejación de sus responsabilidades, permitiendo que la distopía neoliberal de un desarrollo del Sur basado solo en la globalización de los mercados y la libertad comercial, sustituyera a la indispensable ayuda económica, tecnológica, etcétera, sin la que el mundo más empobrecido dificilmente podrá salir de su situación.

Quedan solo seis años para llegar a la fecha límite de 2015. Por supuesto que después de esa fecha la lucha por la consecución de un orden económico y social internacional más justo proseguirá, pero la cuestión ahora es si todavía estamos a tiempo de lograr avances significativos en el contexto de la crisis que nos aflige.

La respuesta es incierta. Al G-7, que impuso al mundo su voluntad durante décadas, le ha sucedido el G-20 que pretende erigirse en máxima instancia económica mundial. Así es que hay que preguntarse, ¿qué se puede esperar del G-20 en relación al urgente logro de los ODM de la ONU?

En mi opinión más bien poco. Los llamados países emergentes -Brasil, Rusia, India, China (BRIC) y otros-, tendrán bastante con evitar una recaída de una parte de sus poblaciones en el pozo de la pobreza y el hambre y en cuanto a los países enriquecidos del antiguo G-7 usarán la crisis como motivo-pretexto para no aumentar la ayuda oficial al desarrollo.

Prueba de lo que digo es la reciente Declaración final del G-20 tras la cumbre de Pittsburgh, donde si bien el párrafo 37 de las Conclusiones del documento menciona los ODM, no avanza ninguna propuesta concreta para hacer viable el logro de esos objetivos.

En fin, parece evidente que hoy en el contexto de la crisis, que puede prolongarse varios años, la solución de los problemas de la pobreza, el hambre, etcétera, a los que tratan de dar respuesta los ODM, no puede desligarse de la realidad global de la situación. Por eso el marco apropiado para afrontar la crisis y tratar de cumplir los ODM no es el de las 20 economías del G-20, sino el de las 192 economías del G-192, la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ella, que alumbró la idea y el compromiso de los ODM, a pesar del boicot y la presión política ejercida por los países más enriquecidos y poderosos, tuvo lugar en junio de este año, la ” Conferencia sobre la crisis financiera y económica y su impacto sobre el desarrollo”. Su Documento final alude nada menos que en nueve ocasiones a los ODM -párrafos 3, 4 (dos veces),10, 11, 18, 21, 23 y 28-. En este último, además, les recuerda a muchos países desarrollados el compromiso asumido de destinar al menos el 0,5% del PNB en 2010 y el 0,7% del PNB en 2015 en concepto de asistencia oficial al desarrollo de los países en desarrollo y concretamente entre el 0,15% y el 0,20% al desarrollo de los países menos adelantados.

Sólo ese marco ofrece pues alguna esperanza de que los estados del mundo alcancen una asociación global capaz de poner fin al espectáculo intolerable de la pobreza y el hambre de tantos y tantos millones de personas en el planeta.

Por su parte a la sociedad civil mundial que en todos los países organizada en redes de asociaciones, ONG’s, etcétera, lucha por un mundo más justo, le queda el recurso de seguir movilizándose y presionando con propuestas acerca del 0,7% y más del PNB, la anulación de la deuda eterna de los países más empobrecidos,el establecimiento de impuestos solidarios mundiales, tipo tasa Tobin y la supresión de los paraísos fiscales, como medios para financiar y resolver los problemas de pobreza, hambre, enseñanza, sanidad, etcétera, comprometidos por la ONU en la solemne Declaración del Milenio de septiembre de 2000.

Francisco Morote – ATTAC Canarias